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Por: Eduardo Lastra D. (*)
Claro pues, hay temas que requieren un tratamiento integral y
por lo tanto supra ministerial.
Quién puede dudar que la corrupción es una realidad cuyo combate exige de estrategias y de acciones perfectamente sioncronizadas, si de veras se quiere tener éxito. Por eso nos parece acertada la decisión del gobierno de reactivar la Oficina Nacional Anticorrupción y la designación de su jefa, la doctora Carolina Lizárraga, para que sea fundamentalmente una coordinadora.
No se trata de que esta digna funcionaria sea la “zarina” o la “abanderada” de la anticorrupción; si no de que haga posible que el accionar del Estado y de la Sociedad Civil, sean de verdad sinérgicas, en función de tan desafiante cometido.
En ese mismo sentido, es que venimos proponiendo, hace algún tiempo, que la atención promotora de la micro y pequeña empresa, se coordine desde el más alto nivel de decisión, que podría ser también una Oficina Nacional; pero lo importante es que su accionar sea como un Sistema de Promoción de la MyPE (SIPROMyPE).
Igualmente el funcionario a cargo de este sistema de promoción, no tiene que ser ningún “guru”, tampoco un “zar”; simplemente una persona cuya misión sea la de articular lo que tenga que hacerse, para realmente formalizar a las más dos millones de micro y pequeñas empresas, ubicadas en todos los sectores económicos del país, para que se encaminen a ser competitivas.
Lo justifica el que la Micro y Pequeña Empresa (MyPE), contribuye con casi la mitad del Producto Bruto Interno, ocupa a 75 de cada 100 personas de la Población Económicamente Activa (PEA), y su complejidad económica-productiva se incrementa por su precariedad social.
Por ello, se requiere de un enfoque incluyente para atender a la MyPE como parte de la estrategia del Desarrollo Nacional. La MyPE no es el reino de la informalidad sino el mundo de la potencialidad emprendedora y productiva.
Requerimos, entonces, de una entidad que sea el centro diseñador de estrategias y acciones promocionales del Estado, para evitar la duplicidad de actividades y gastos; por eso no debe depender de un ministerio, sino de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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