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Pregunta Fausto Hinojosa, de Breña, Lima
Responde
: Pedro Quiroz Allemant, Abogado – INIBEC, profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola y desde 1993 enseña en el área de Cooperación Técnica Internacional en el Instituto INIBEC.
En los últimas semanas mucho se ha hablado de las Organizaciones No Gubernamentales - ONG y el rol que estas juegan en el desarrollo de nuestro país.
Han habido voces discrepantes en el sentido de que si es conveniente reforzar la fiscalización a las ONG por parte del Estado a través de la APCI – Agencia de Cooperación Técnica Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, o si es pertinente dejar el asunto en su estado actual con la legislación sobre la materia tan precaria, difusa y en algunos puntos contradictoria.
En principio, debemos recordar que las ONG son entidades de Derecho Privado, sin fines de lucro, constituidas al amparo del Código Civil (como Asociaciones ó Fundaciones). No son entidades de Derecho Público ni Mixto, por lo tanto el Estado no puede considerarlas dentro de su ámbito, tratando de legislar, excediéndose o poniéndose a regular más allá de lo permitido por los principios generales del Derecho, del Derecho mismo, de la doctrina nacional y extrajera, de la jurisprudencia, etc.
En materia de Derecho Comparado existen tan solo dos países como Venezuela y la Federación Rusa, donde las ONG están supervigiladas, no precisamente para que puedan trabajar transparentemente, sino para que actúen de acuerdo a los intereses políticos de los regímenes de turno.
En el Perú las ONG trabajan desde los años ’60, habiéndose multiplicado y sedimentado su trabajo en la década de los ’80. Su campo de acción es muy variado. En la actualidad ya no solo se dedican a los sectores de la educación, agricultura, salud, sino mas bien se han especializado en diversas áreas del conocimiento humano: derechos humanos, medio ambiente, salud reproductiva, políticas anticorrupción, comercio exterior, etc.
En cuanto al sector Empresarial –en beneficio del Empresario de la Micro o Pequeña Empresa- han trabajado proyectos de capacitación tributaria, contable, gestión de negocios, financiamiento, tecnología, etc. sin mayor publicidad.
Ya son muchas las ONG que han favorecido y desarrollado al Empresario de la Micro y Pequeña Empresa - MYPE, llegando incluso a involucrarse en el sector de las micro finanzas. Es más, con orgullo el Perú cuenta con una entidad bancaria cuyos orígenes se dieron precisamente en una ONG, digno ejemplo de ser imitado por otras realidades latinoamericanas.
El Estado Peruano a través de los gobiernos de turno ha tenido mucho interés en fiscalizar a las ONG en los últimos 15 años. Lo hizo el gobierno del Ingº Fujimori muy a su manera, disolviendo el INP – Instituto Nacional de Planificación y creando la SECTI – Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional, dando la Ley de Cooperación Técnica Internacional.
Posteriormente, el gobierno de Alejandro Toledo, convirtió a la SECTI en la APCI – Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional, dictando su ley de creación en el 2002 y luego la ley de modificación de la legislación sobre la materia que se hizo sin una técnica legislativa adecuada, ya que parchó varios dispositivos legales y decretó absurdos jurídicos.
El gobierno actual pretende hacer lo mismo. El debate público aún sigue abierto. El Congreso de la República en sesión del pleno del pasado 2 de noviembre ha aprobado definitivamente -en segunda votación- las modificaciones a la ley de creación de APCI. El asunto está en manos ahora del Poder Ejecutivo. Si promulga la ley: las ONG tienen el camino expedito para acudir al Tribunal Constitucional con el objeto de paralizar la inconstitucional reforma.
Estemos atentos a lo que pueda desencadenar dicha pretensión que podría perjudicar la ayuda internacional para los próximos años, limitando fundamentalmente el desarrollo de nuestro país y de los sectores menos favorecidos como lo es el del Empresario de la Micro y Pequeña Empresa.
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