Por: Eduardo Lastra D. (*)

La compleja problemática de la micro y pequeña empresa, en un contexto de dar competitividad al aparato productivo nacional, exigía una normatividad realmente promotora. Precisamente como respuesta a dicha exigencia, es que el año 2003 se dio la ley 28015.

Lamentablemente, dicha norma destinada a promover la formalización, desarrollo y competitividad de las micro y pequeñas empresas, no logró los resultados deseados. Por lo que desde mediados del año 2006, se comenzaron a esbozar nuevos proyecto de ley para reemplazar a la 28015. Existen varias propuestas en el Congreso de la República.

La discusión, de cuál sería la mejor opción normativa para generar un escenario de inclusión laboral y productiva de cerca de ocho millones de personas que trabajan en la micro y pequeña empresa, no había terminado, cuando entre los decretos legislativos del paquete para implementar el TLC con los EE.UU. se promulga el DL 1086.

Este DL 1086, es apenas una modificación a la ley 28015, con énfasis en los aspectos laborales, pero que no altera las reglas de juego que propicien el desarrollo competitivo de los tres millones de micro y pequeños negocios, que en su gran mayoría sobreviven en los diferentes sectores productivos de nuestro país. Su eminente reglamentación no cambiará este hecho.

En este escenario, es que consideramos de necesidad pública una meditada reconceptualización de dos aspectos: Primero, de la problemática de las MyPE, considerando además que junto a ellas se encuentran formas cooperativas y de artesanado, como vías de sobrevivencia y aspiración de progreso. Segundo, de la normatividad que por fin debe establecer las políticas de Estado y los mecanismos auténticamente promotores y de apoyo a la actividad empresarial del 76% de la fuerza laboral del país.

El ámbito apropiado para esta discusión es el Congreso de la República, en su Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas; la misma que debe propiciar en el debate técnico y alturado la participación de expertos, dirigentes de gremios y los propios empresarios, para que la futura ley MyPE luego de promulgada tenga la aceptación mayoritaria, y no la duda y oposición, precisamente, de los que se supone serán sus beneficiarios. Para eso, dicha norma tiene que encarar esa realidad compleja de manera integral.

Tal como se le pide a cualquier empresa competitiva del siglo XXI que su producción sea de calidad y que satisfaga las necesidades de su mercado; también al Estado hay que pedirle que su producto legislativo solución los problemas más sentidos, generando los impactos favorables para el bienestar de la población.

(*) Presidente del Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial, ILADE y director general de Mundo MyPE