Lo ideal es buscar un balance entre las dos perspectivas: la primera asegura eficiencia y la otra aceptación social.

Desde una perspectiva económica, la regulación del mercado laboral es necesaria para subsanar las fallas que obstaculizan su funcionamiento eficiente. Entre estas fallas se suele mencionar a: i) posiciones de poder de mercado de algunas de las partes, ii) información asimétrica, tanto para el empleado (sobre condiciones de trabajo, por ejemplo) como para el empleador (no se conoce completamente y de antemano la calidad y el esfuerzo de los trabajadores) y iii) el servicio que se transa no es homogéneo (los trabajadores difieren en sus capacidades y habilidades).

De manera alternativa, la regulación laboral puede percibirse como un instrumento que permite garantizar derechos para los trabajadores que se consideran socialmente adecuados, como salarios dignos, una jornada máxima de trabajo, períodos vacacionales remunerados, etc. A veces, estas consideraciones pueden entrar en conflicto con criterios de eficiencia económica. Sin embargo, son aspectos que deben ser tomados en cuenta para alcanzar un cierto grado de consenso social que haga sostenible la legislación laboral.

Sobre estas dos perspectivas, la de eficiencia económica y la de protección de derechos fundamentales, gira el debate sobre el grado de regulación del mercado de trabajo. En este contexto, se discute si el marco regulatorio requiere ajustarse para subsanar las fallas que impiden que este mercado opere de manera eficiente o si es el resultado de presiones políticas o culturales.

Lo ideal es buscar un balance entre las dos perspectivas: la primera asegura eficiencia y la otra aceptación social. Lamentablemente, la evidencia sugiere que en el Perú la legislación laboral dista de una posición equilibrada entre ambas consideraciones, y muestra un excesivo proteccionismo, que ha inhibido los incentivos de mercado para la creación de empleo formal. La consecuencia es que tenemos un mercado laboral con altos costos de entrada y de salida, y elevados niveles de informalidad.

Según diversos estimados, en el Perú aproximadamente el 70% de los empleos son informales; es decir, unos 11 millones de personas trabajan en condiciones precarias, sin beneficios, y dedicadas a actividades de baja productividad que limitan sus ingresos.

Así, a pesar del fuerte crecimiento económico que se registró entre el 2003 y el 2013, la falta de empleos adecuados ha empujado a vastos sectores de la población activa hacia la informalidad, aceptando relaciones laborales inciertas (sin un contrato legalmente establecido o no figurando en planillas) o empleándose directamente en el sector informal de la economía.

La administración que asumirá funciones tiene por delante el reto de cambiar esta situación, lo que en nuestra opinión requerirá reducir la rigidez del mercado de trabajo.

De otra forma seguiremos con esta especie de ‘apartheid’ laboral donde solo ganan los que ya tienen un empleo formal, pero quedan excluidos millones de peruanos en la informalidad.

Cabe señalar que flexibilización laboral no implica pérdida de derechos; por el contrario, la idea es que se hagan extensivos a la mayoría de trabajadores.

(Fuente: Por: Hugo Perea /El Comercio)