Muy pocos han sido los avances que el sector turismo ha conseguido en el combate contra la informalidad de las agencias de viajes en el país. Durante el último quinquenio, apenas la han logrado reducir entre un 3% y 5%, lo que deja ver un problema grave para esta actividad: más de la mitad de las empresas dedicadas a este rubro operan fuera de la ley. El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Publio Santander, nos explica cómo afecta tamaño déficit a sus afiliadas, y qué se está haciendo para mitigar el daño.

— A inicios del 2015, ¿cuál es el porcentaje de informalidad en las agencias de viajes locales?

Conforman entre el 52% y 55% del total de agencias en el país. Tenemos alrededor de 7 mil a escala nacional, lo que quiere decir que por los menos 3.500 operan en la ilegalidad.

— ¿Y cuánto es lo que mueven estas agencias fuera de la ley?

Por lo menos, deben atender a 1,5 millones de turistas extranjeros, la mayoría mochileros de los sectores C, D y E, con un nivel de gasto por debajo de la media [la media es US$950 por persona para una estadía de siete días, según Prom–Perú]. Si gastaran US$500 por una estancia que normalmente alcanza al mes, estamos hablando de US$750 millones.

— ¿En qué zonas del país se manifiesta este problema con mayor gravedad? 

El destino con mayor informalidad en el Perú es, paradójicamente, el más importante: Cusco. En un segundo nivel están Arequipa y Puno. En la Ciudad Blanca se están haciendo grandes esfuerzos para bajar estos índices, pero de la misma forma como se cierras agencias informales, aparecen otras nuevas. Es un círculo vicioso contra el que resulta complicado lidiar. En el centro, tenemos a Huaraz, y en el norte, donde el flujo de visitas es menor, tenemos problemas serios en Piura y Tumbes, concretamente en sus circuitos de playas. 

— ¿Qué están haciendo para enfrentarlos?

Por ahora estamos avanzando, junto al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en la puesta a punto de la Ventanilla Única de Proyectos Turísticos, creo que esta será una excelente herramienta para convencer a los empresarios informales de operar bajo la legalidad, porque ya no les resultará oneroso hacerlo. Ocurre que, en muchos casos, las economías de las agencias de viajes solo pueden subsistir bajo la sombra. 

— ¿Puede compartir un ejemplo concreto de qué beneficio le daría a una agencia ser formal?

Hay varios. Las agencias informales –la mayoría microempresas y pequeñas empresas– trabajan con márgenes muy bajos de ganancia [para ser más baratas]. Esto las hace débiles ante la posibilidad de hacer frente al incidente de un pasajero, o peor, frente a un accidente, los que muchas veces son ocasionados por el servicio de terceros contratados [de dudosa reputación]. Cuando ocurren estos casos –y suceden a menudo– compensar al turista hace quebrar a una informal, la desaparece. En cambio, siendo formal tiene acceso a una red de socios operadores de confianza, con lo que se reduce la siniestralidad y se amplían las ganancias.

— Ha dicho que el Cusco es el destino más informal del país. Se trata, nada menos, de la principal referencia del Perú en el mercado turístico mundial. ¿Cómo lo explica?

Primero, es una respuesta inmediata a la demanda internacional que hay por el Cusco. Es el destino donde hay más agencias de viajes que en el resto del país, porque lo visitan más de un millón de turistas extranjeros por año. Y segundo, hay muchas ventanas abiertas para ser informal, y para ser corrupto. 

— Ahora mismo, ustedes están enfrascados en un conflicto con Consettur, el consorcio de transportistas que traslada turistas de Aguas Calientes a Machu Picchu, por un problema que, en el fondo, califican como corrupción.

En efecto, he ahí el tema de las ventanas abiertas, por ejemplo. Consettur ha incrementado de manera arbitraria los boletos por pasajero a US$25 este año, sin consultar a las agencias que lo contratamos, y con el poder fáctico que le da el tener el monopolio del servicio en la zona. Y nadie puede decirles que no. Tienen, inexplicablemente, un contrato de concesión por 30 años, otorgado por no sabemos quién en 1995. Desde entonces, pasaron de cobrar US$7,5 por persona, a US$25, por un trayecto de 9 kilómetros sobre una vía que ni siquiera está asfaltada.

— ¿No fue el MTC el que otorgó esa concesión?

No lo sabemos, ¡el MTC lo está averiguando! Es una concesión que generará US$24 millones este año, y ni el municipio de Aguas Calientes, que es accionista de este consorcio, sabe bien cómo se administra ese dinero. Ahí lo tienes.

(Fuente: Carlos Hurtado de Mendoza, El Comercio)